Por:Juan Antonio Ruíz Romero
Sin duda la sociedad colombiana ha cambiado. Hoy, el gobierno Petro anuncia la búsqueda de una “Paz Total” con grupos armados ilegales, incluyendo narcotraficantes y delincuentes comunes, y son mayores las expectativas de los ciudadanos que las expresiones de rechazo.
En mayo de 1984, el expresidente Alfonso López Michelsen y el entonces Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez se reunieron en Ciudad de Panamá con los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa Vásquez. En un memorando al presidente Belisario Betancur, los cabecillas del Cartel de Medellín, que en ese momento decían controlar entre el 70 y el 80% del mercado de la droga ofrecieron entre otros aspectos:
1) El desmonte de la infraestructura del negocio ilícito: laboratorios, pistas clandestinas y entrega al Estado de aeronaves y rutas.
2) Retiro definitivo del mercado en sus formas de compradores de materias primas, transformadores de las mismas, transportadores a los países consumidores y distribuidores internos en los mismos.
3) Colaboración en la sustitución de zonas de cultivo de coca y marihuana en Colombia, para dar así un paso firme en la erradicación del consumo interno de drogas y para la rehabilitación de los adictos.
4) Retiro definitivo de la actividad política, en la cual se vincularon “exclusivamente en el afán de luchar contra el Tratado de Extradición, suscrito con los Estados Unidos”.
Como contraprestación, Escobar y los Ochoa pedían fórmulas para el retorno de sus capitales al país y unas “condiciones políticas y de opinión pública adecuadas”, que les permitieran, ”dentro del marco absoluto de la ley”, reincorporarse a la vida en sociedad.
Es cierto que la propuesta se conoció un par de meses después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y que surgió -de alguna manera- como reacción de la persecución desatada por los organismos de seguridad contra los capos del narcotráfico y sus familias.
Sin embargo, en ese momento, cuando el estado colombiano emprendía un nuevo frente de guerra, sin calcular el costo humano, económico y material que representaría al cabo de varias décadas, la opinión pública cerró de plano cualquier posibilidad de diálogo con los narcos.
El general Fernando Landazábal Reyes, quien fuera ministro de Defensa de Belisario Betancur y renunciara al cargo al enterarse de los contactos entre el gobierno y el M-19, escribió meses antes de morir asesinado por las Farc: “Cuántos sacrificios, muertes, catástrofes, desgracias, se hubieran evitado si se hubiera aceptado en su debida oportunidad esa rendición que se proponía con la única condición de que fuera la justicia colombiana la que juzgara y las cárceles del país los establecimientos donde se pagaran las penas”.
En septiembre de 1990, el entonces presidente César Gaviria y su ministro de Justicia Jaime Giraldo expidieron, al amparo del Estado de sitio, el decreto 2047, dirigido a “quienes son responsables de los fenómenos de violencia que motivaron la declaratoria de turbación del orden público para que se sometan al imperio de la justicia, a fin de que se restablezca la paz y la tranquilidad en todo el país”.
En el gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley de Justicia y Paz, se logró el sometimiento a la justicia de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en 2009, se designó Gestora de Paz, con beneficios penitenciarios, a la desmovilizada guerrillera Elda Neyis Mosquera, alias Karina, a cambio de acercamientos con la militancia de las Farc. Así mismo, se liberó de la cárcel a Francisco Galán para participar en las rondas de conversaciones entre el gobierno y el ELN, celebradas en Venezuela y en Cuba.
En el periodo presidencial de Juan Manuel Santos se suscribió el Acuerdo de Paz con las Farc y para avanzar en las negociaciones con el ELN se designaron Gestores de Paz a Eduardo Martínez, hermano de alias Antonio García, miembro del Comando Central (COCE) del ELN y a Juan Carlos Cuéllar, quienes estaban presos y condenados por rebelión.
En el contexto de la Paz Total del gobierno Petro, se habla con mucha certeza de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, oriundo del municipio de Dosquebradas, se convierta en Gestor de Paz con los grupos delictivos, asentados en los centros urbanos y cuya fuente de financiación son la extorsión, el tráfico de drogas y el desplazamiento. Según el Comisionado de Paz, alcaldes y gobernadores participarían como facilitadores y garantes de los acuerdos conseguidos entre las organizaciones que se acojan a la justicia y el gobierno nacional.
Entre tanto, empieza la gestación de la paz total, a la que, a cuentagotas, se suman exjefes paramilitares, parapolíticos, disidencias de las Farc, Clan del golfo, los Pachely, la Oficina de Envigado, Los Caparros, entre otros.
El Comando Central del ELN, aunque aceptó dialogar con el nuevo gobierno, lamentó que iguale a ese grupo insurgente con las bandas criminales.
Y según advierte el periódico El Colombiano: “En una reunión donde nadie se identificó, y que sucedió hace menos de un mes, se decidió que todas las bandas de Medellín entraban en una tregua indefinida: nada de muertes, nada de venganzas, nada de peleas por poder. Fue un acuerdo rápido. Los capos de las grandes estructuras de la ciudad quieren pisar pasito porque todos quieren la “paz total” del presidente Gustavo Petro.”
Tras casi 40 años de la frustrada reunión de Panamá, aparece un nuevo intento de paz, en un país donde lamentablemente lo único que aprendimos a reciclar, desde hace mucho tiempo, fueron nuestras distintas violencias.
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