Por Lina Arango Dávila
En un contexto de postconflicto, la relación entre corrupción, pobreza y la inequitativa distribución de los recursos públicos son un reto a asumir en la construcción de paz estable y duradera.
Después de realizar estudios de caso en países en post conflicto como Afganistán, el Congo, Irak, Sierra Leona y Timor del Este, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- concluyó que la corrupción es uno de los factores que contribuyen a reactivar la violencia armada en muchas sociedades de post conflicto.
Los gobiernos que han experimentado conflicto armado son particularmente vulnerables a la corrupción. En el caso colombiano, los narcotraficantes, contrabandistas, bandas criminales o carteles de funcionarios corruptos son actores que buscan apropiarse de los recursos destinados a brindar los servicios públicos básicos y oportunidades económicas para los más pobres.
“No sólo quisieron hacer trizas la paz, si no que se robaron sus recursos”, ha sido un comentario recurrente en los últimos meses. Y no es para menos. De acuerdo con recientes investigaciones tanto de medios de comunicación, como de algunos congresistas, el OCAD Paz, como órgano del Sistema General de Regalías responsable de viabilizar, priorizar, y aprobar proyectos en el marco del Acuerdo de Paz, ha figurado en medios nacionales por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de recursos.
Si bien el compromiso de la comunidad internacional ha sido evidente para apoyar la ejecución de proyectos territoriales enfocados a la construcción de paz, el panorama interno no es tan optimista debido no sólo a los constantes escándalos asociados a la ejecución de los recursos definidos en los OCAD Paz, si no a la falta de confianza y credibilidad en las instituciones del Estado.
Las constantes investigaciones de funcionarios públicos y el exceso de burocracia en los organismos de control, son algunos ejemplos que no sólo han afectado la legitimidad de las instituciones creadas en el marco de la implementación de Acuerdo de paz, sino que ha terminado por deteriorar el ambiente para una adecuada implementación de los acuerdos en el nivel territorial.
Superar el frágil ambiente de confianza en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, la débil efectividad de los dirigentes políticos del más alto nivel nacional y territorial para combatir la corrupción y la politización de las instituciones son retos que, aunque prioritarios no han sido asumidos ni desde el gobierno nacional, ni desde el nivel territorial. Los recursos públicos locales para la paz deben ser administrados con transparencia y planeación más allá de intereses políticos, fortaleciendo las veedurías ciudadanas, el acceso a la información y la rendición de cuentas de manera transversal y general. Con ello se mitiga el ambiente de desconfianza y desesperanza de la ciudadanía frente al manejo de los recursos de la paz.
PD Bienvenido el debate, pero que vaya acompañado de propuestas. De lo contario quedará en un tema de figuración mediática, con visos de indignación selectiva.
LINA MARÍA ARAGO DÁVILA
Asesora en transparencia, gobernanza y construcción de paz
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