Por *Lina María Arango Dávila
En marzo de 2022, la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó la suspensión a la alcaldesa local de Usme Mabel Andrea Sua, luego de que se conocieran unos audios en los que su padre, excontratista del distrito, presionaba contratistas para exigir pagos mensuales de sus contratos. Si bien la alcaldesa suspendida expresó no estar involucrada con los hechos, asumió las consecuencias del escándalo mediático, además de tomar la difícil decisión de denunciar a su padre y otros involucrados.
En Julio del mismo año y ante un juez de control de garantías el excontratista involucrado fue imputado por presuntamente exigir dinero a una mujer a cambio de entregarle un puesto en la administración local. La Fiscalía informó que el excontratista, exigía $600.000 pesos mensuales a cambio de ayudarle a conseguir un contrato en el que recibiría honorarios por $6′500.000. Por estos hechos, una Fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó al excontratista Diego Armando Posada Vargas el delito de concusión.
¿Conoces algún caso similar? ¿Has escuchado historias parecidas? Si bien estos relatos son cada vez más comunes y hasta han sido normalizados por la ciudadanía argumentando que están dispuestos a pagar por el favor que le hace el político al conseguirle un contrato, lo cierto es que exigir dinero por ello es delito y puede ser denunciado.
El pago mensual “obligatorio” de porcentajes de contratos son definidos por el político o funcionario corrupto va desde el 10% hasta el 30% o más. De allí viene el alias “30%” que de manera “jocosa” le asignan a algunos políticos de la región. Este pago mensual no solo afecta la dignidad de las personas que son víctimas de ese cartel de corrupción generalizada, si no que en mayor escala se afecta la calidad de las obras de infraestructura y proyectos sociales al disminuir la calidad de materiales y servicios, para poder cumplir con su cuota mensual.
¿Qué puedes hacer si quieres denunciar un caso similar? Pasar de la crítica a la acción es difícil cuando se trata de denunciar casos de corrupción, no sólo por el riesgo que se tiene del “cierre de puertas laborales” al no hacer parte del “cartel”, si no por las amenazas y debilidad en la protección a testigos. Sin embargo, existen canales que de manera prudente protegen la identidad del denunciante. Transparencia por Colombia, entidad de la sociedad civil, ha dispuesto el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción -ALAC, que de manera independiente, confidencial y gratuito, orienta a los ciudadanos en la ruta de denuncia sobre casos de corrupción.
El caso detallado en esta columna es un ejemplo de lo que se vive en las regiones y en particular en el Eje Cafetero. El control social, la denuncia ciudadana y las sanciones frente a estos casos marcan precedentes necesarios para visibilizar un delito que ha sido normalizado. Aquí los ciudadanos tenemos mucho que aportar.
PD/ Link del sitio de denuncia https://transparenciacolombia.org.co/alac/
- LINA MARÍA ARANGO DÁVILA
ASESORA EN GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
TWITTER @linamariaarango
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