Por Lina María Arango Dávila
No son tiempos fáciles para los activistas anticorrupción. El tema no sólo está borrado de la agenda pública nacional, sino que quien insiste en llamar la atención sobre los costos, víctimas y riesgos de corrupción en el sector público y privado, son cancelados, amenazados o investigados por incómodos.
Las maneras para silenciar a quien se atreve a poner en evidencia los hechos de corrupción son diversas: amenazas, intimidación, violencia verbal, represalias, bloqueo laboral, asesinato y “bloqueo legal”. De acuerdo con el Centro de Recursos Anticorrupción – CMI U4 en su artículo “How to (Legally) silence an anticorruption – activist”, en enero de 2022, fueron asesinados 24 activistas y periodistas en América Latina, quienes habían investigado o expuesto hechos de corrupción y evasión de impuestos. Las investigaciones sobre estos crímenes casi nunca son exitosas y la impunidad prevalece. Las amenazas provienen normalmente de políticos, empresarios y crimen organizado.
Aunque el asesinato es la manera más drástica de callar e intimidar a quienes quieren denunciar, en los últimos años ha crecido la práctica de silenciamiento a través de la “guerra legal” o “Law Fare” (usar las normas en contra de los activistas anticorrupción). Esta intimidación legal incluye pleitos abusivos, adopción de leyes restrictivas de la libre opinión, falsas acusaciones, denuncias en contra de los periodistas o activistas para poner en duda el trabajo y profesionalismo de quien investiga etc. Esta manipulación del sistema legal y de control, debilita la democracia y la libertad de expresión.
Luchar contra la corrupción no está en la agenda de prioridades del gobierno nacional y quienes exponemos su ausencia somos descalificados. ¡El cambio está por encima de esas nimiedades! es una frase recurrente de los amigos del poder de turno. Con ella justifican alianzas con políticos cuestionados, demeritan compras con sobrecostos, entregan ministerios a partidos políticos sin exigir un mínimo compromiso e integridad en el uso de los recursos públicos, prometen perdón social incluso a condenados por corrupción, ofrecen exenciones tributarios para mantener los beneficios a funcionarios públicos y del sector político tradicional (Excongresistas, magistrados, profesores con altas pensiones) y argumentan la normalización de un “así son las cosas” y “en el pasado también se hicieron”.
¿Quién imaginaría que los indignados por la corrupción durante el periodo de Iván Duque y el Centro Democrático, hoy callan la corrupción de los “amigos – aliados del gobierno?
“Eres monotemática”, dicen los de izquierda cuando se expone la incoherencia del discurso de campaña frente a los hechos de gobierno. “Ese tema es irrelevante”, afirman los de derecha, cuando se exponen casos del período de uribismo. Pero soy terca y aquí estoy escribiendo nuevamente sobre integridad en el manejo de los recursos públicos porque más allá de las campañas políticas, este es un tema de ética, de cultura política, de cultura ciudadana y sobre todo de justicia social.
- LINA MARÍA ARANGO DÁVILA
CONSULTORA EN TRANSPARENCIA, GOBERANZA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
TWIITER @linamariaarango
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