El proceso cuenta con la participación de diferentes actores involucrados en la atención de esta población, así como representantes de la misma.
Colombia es un país que envejece rápidamente, adicional a la crisis por la pandemia de covid-19, lo que sugiere un escenario de retos y respuestas coordinadas que se deben afrontar, especialmente por parte del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez.
En esta perspectiva, la cartera de Salud adelanta la actualización de la Política a través de espacios de reflexión que permitan identificar retos y acciones institucionales; por lo que «se diseñó un proceso participativo de construcción conjunta con actores institucionales, entidades territoriales, actores que prestan servicios dirigidos esta población y, por supuesto, personas adultas mayores», explicó Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social.
Durante este proceso, los entes territoriales (secretarías de salud, desarrollo social, integración social o el área que lidera el tema) tienen un rol fundamental, pues liderarán el desarrollo de 40 mesas de trabajo con los actores territoriales que hacen parte de la Política, con una metodología unificada de trabajo en red que potencie las acciones dirigidas a la población adulta mayor.
Cepeda señaló que, «para lograr este objetivo, el Ministerio ha liderado dos jornadas de capacitación presencial a las personas referentes de las entidades territoriales del orden departamental y distrital, sobre la metodología de participación ciudadana para la actualización del documento. Esperamos que durante este mes se adelanten -lo mayor posible- las jornadas de participación ciudadana, que generarán insumos importantes para la Política 2022-2030».
Asimismo, el Ministerio avanza en la elaboración del diagnóstico, en el cual ya se identificó que:
1. En Colombia, entre 1985 y 2020, la proporción de adultos mayores pasó del 6,9 % al 13,8 %, con lo cual se evidencia que la población colombiana se ha envejecido y continuará haciéndolo hasta alcanzar una proporción superior al 16 % para 2030. El índice de envejecimiento refleja un acelerado crecimiento de la población adulta mayor respecto a los niños, niñas y adolescentes.
2. Para 2018, el 14,2 % de las personas mayores en Colombia no recibieron educación formal, mientras que el 84,5 % sí recibió educación formal, principalmente en los niveles de educación básica. También, la permanencia de los adultos mayores en el mercado de trabajo refleja la necesidad de generar ingresos, porque no cuentan con una pensión o los ingresos provenientes de otras fuentes resultan insuficientes.
Para finales de 2020, aproximadamente el 27 % de las personas mayores estaban ocupadas, representando al 10 % de la población ocupada del país. La baja cobertura en pensiones advierte sobre la vulnerabilidad y el riesgo de no contar con una fuente de ingresos suficientes que permita a las personas mayores vivir bajo condiciones dignas.
Para 2020, tan solo el 23 % de la población adulta mayor manifestó tener una pensión, apenas el 5 % cotizó a un fondo de pensiones y cerca del 70 % no cotizó. Así se identifica que los determinantes socioeconómicos inciden en el sostenimiento y bienestar de la población adulta mayor; las desigualdades en los niveles de educación acentúan las brechas para el acceso al mercado laboral.
3. Los determinantes relacionados con el entorno, como las nuevas estructuras familiares, inciden en el aumento de la demanda de servicios de cuidado de la población adulta mayor. Para 2019, el 67,8 % de los hogares en Colombia no tenía personas mayores, el 12,1 % estaba conformado por una generación (personas mayores), el 11,8 % por dos generaciones (personas mayores y generación intermedia), y el 8,3 % era multigeneracional (personas mayores, generación intermedia y niños, niñas y adolescentes).
Igualmente, las necesidades de cuidado y asistencia se concentran en las personas del hogar. Para 2019, el 74,6 % de las personas mayores manifestó que no demandó servicios de cuidado, mientras que el 16,8 % recibió cuidado de una persona del hogar, el 4,5 % de una persona de otro hogar, y el 4,1 % permaneció sola en el hogar.
En general, las personas que se ocupan del cuidado de la población adulta mayor son principalmente otros miembros de la familia o personas de otros hogares, en su mayoría mujeres (86,5 %), y no reciben ningún tipo de remuneración (74,1 %).
4. En cuanto a las condiciones de salud de la población adulta mayor, se encontró que Colombia ha aumentado los índices de cobertura de aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que para esta población fue del 100 % al cierre de 2020.
De acuerdo con los Registros Individuales de Prestación de Salud – RIPS, entre 2009 y 2020 se atendieron anualmente en promedio 3.553.960 personas de 60 años o más y se prestaron en promedio 72.669.296 atenciones; es decir que, en promedio una persona de 60 años o más recibió 20 atenciones. Además, la mayoría de los diagnósticos y atenciones prestadas se relacionaron con enfermedades no transmisibles, las cuales aportan en promedio el 76,1 % (30.415.906) de las atenciones totales prestadas.
La implementación de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez se da en el marco de la adhesión de Colombia a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley 2055 de 2020, adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de la Organización de Naciones Unidas, el Decenio del Envejecimiento Saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud, y los hallazgos del Observatorio y Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia que lidera el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el aumento de la población adulta mayor en el país.
Alejandro Cepeda invitó a «una nutrida participación en las jornadas que estarán lideradas por las entidades territoriales. Contamos con que estas sean escenarios reflexivos y de construcción, que brinden los insumos para enfrentar los retos que nos imponen las nuevas realidades demográficas, sociales y económicas». De esta manera «podremos recoger las necesidades y responsabilidad de los diferentes actores, con la finalidad de fortalecer y contribuir en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la superación de desigualdades económicas y sociales en la vejez, promover un envejecimiento activo y saludable orientado a la autonomía, integración, seguridad, vinculación al proceso productivo y comercial, participación efectiva, fomento de la atención de la dependencia funcional, la enfermedad y discapacidad de las personas mayores, entre otras», concluyó.
