El Ministerio Público evidenció que 12 alcaldes, de 7 departamentos, despachan afuera de sus municipios.
La Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, le solicitó al Ministerio del Interior brindar todas las garantías necesarias a 12 alcaldes de 7 municipios, que están ejerciendo sus labores por fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados al margen de la ley, para que retornen a sus lugares de origen.
El ente de control le pidió de manera urgente a esta cartera, un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática; el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.
La Procuraduría recordó que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de MinInterior, el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se evidenció la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional, para implementar un plan de acción integral de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.
El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones, “han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos”.
La entidad destacó que “es indispensable que se tomen, de forma prioritaria, medidas concretas de protección y presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad no permiten que los funcionarios desempeñen sus labores con el fin de garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial”.
La Procuraduría General de la Nación ha desplegado un acompañamiento y seguimiento preventivo a la problemática actual en materia de seguridad y convivencia ciudadana, por medio de una estrategia preventiva de seguridad integral con diferentes entidades, orientada a generar alternativas para mitigar los fenómenos de violencia y criminalidad que tienen lugar en el territorio nacional.
