Las disputas por el control terriotorial urbano entre Los Shotas y Los Espartanos vienen generando zozobra en las comunidades y poniéndolas en riesgo de que sus derechos sean afectados.
El Defensor del Pueblo solicitó a autoridades nacionales y departamentales fortalecer las acciones para que las medidas adoptadas perduren en el tiempo y permitan mitigar el riesgo evidente de vulneraciones a los derechos de la población civil.
No solo las disputas de estructuras criminales por el control territorial y social afectan a Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, también dos conflictos adicionales, que tienen a la población en zozobra permanente.
“Buenaventura está en medio de tres grandes escenarios de riesgo por el accionar y la presencia de grupos armados ilegales y de estructuras del crimen organizado. Sus acciones, que ponen en riesgo los derechos de las comunidades, las hemos advertido a través de nuestra Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2021 y en ocho oficios de consumación”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por un lado está lo que viene sucediendo entre Los Shotas y Los Espartanos, estructuras que se están disputando el control territorial urbano en Buenaventura. El segundo conflicto se presenta en la zona del Bajo Calima, allí el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) se disputan el territorio en las ruralidades. La tercera situación ocurre en zona de los consejos comunitarios Anchicayá, Raposo, Cajambre, Mayorquín y Río Yurumanguí por enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente Jaime Martínez (al mando de ‘Iván Mordisco’), y ahora se suma un nuevo actor: la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
“Es importante decir que esta situación no es nueva, la realidad es que el orden público siempre ha estado afectado por la violencia que ejercen estos grupos armados ilegales y estructuras criminales”, indicó el Defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis, dados los hechos, hizo un llamado urgente tanto a autoridades nacionales como a departamentales: «Las medidas que están adoptando, con el fortalecimiento de las acciones, deben perdurar en el tiempo y permitir mitigar el riesgo evidente de vulneraciones a los derechos de la población civil; además, prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir”.
