Estas ocasionarían un presunto daño patrimonial de $2,4 billones
• Se trata de la compra en 2008 y venta en 2021 del 50 por ciento de las acciones de la compañía Offshore International Group (OIG), radicada en este país.
• Al momento de vender esa participación accionaria, la estatal petrolera habría recibido realmente US$30,75 millones, o sea menos del 5% de lo que pagó para adquirirla (casi US$642 millones).
• La indagación preliminar estableció varios indicios de que se trató de una negocio mal planificado y ejecutado por Ecopetrol, que había sido advertida por consultores externos de los riesgos inminentes de entrar en ese negocio.
• La empresa adquirida nunca le generó utilizadas a Ecopetrol y al momento de venderse presentaba unos indicadores financieros críticos.
La Contraloría General de la República decidió abrir una investigación fiscal por un presunto daño patrimonial por más de US$615 millones (unos $2,4 billones) que se habría dado como resultado de un negocio que realizó Ecopetrol en el Perú, al comprar a finales de 2008 el 50 por ciento de la propiedad accionaria de la sociedad Offshorte International Group (OIG) y vender la misma en enero de 2021 por menos del 5% de lo que pagó en el momento de la compra.
Al seguir la pista a esta inversión, en una indagación preliminar, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció inicialmente indicios
claros de que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades.
La historia de esta mala inversión, se puede resumir así:
En 2008, con el objetivo de llegar a producir 1 millón de barriles en 2015, Ecopetrol se enfocó en distintas estrategias, entre las cuales se encontraba la “adquisición de campos y/o empresas a nivel nacional e internacional que aportaran recursos exploratorios, recursos contingentes y reservas”.
Y, en su momento, Perú era atractivo para la empresa puesto que desde 2007 había ingresado a ese país y quería consolidarse allí aportando barriles a la producción de todo el grupo empresarial.
El 29 de diciembre de 2008, Ecopetrol, junto con Korea National Oil Corporation – KNOC-, una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Corea, suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Offshore Exploration and Production LLC –OEP-, mediante el cual Ecopetrol y KNOC adquirieron en partes iguales el total de las acciones representativas del capital social de Offshore International Group Inc. –OIG- (cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú).
El Precio de Compra en Efectivo ascendió a la suma de US$992.180.848, de los cuales Ecopetrol pagó en febrero de 2009 la suma de US$496.090.424. Sin embargo, la cláusula 2.5 del Contrato de Compraventa establecía que, si se cumplían determinadas condiciones, al segundo aniversario de la fecha de cierre, KNOC y ECP estarían obligados a pagar una suma adicional denominada “Earn Out Amount” o el Importe del Beneficio Futuro.
El 22 de febrero de 2011, Ecopetrol y KNOC realizaron cada uno pagos adicionales por la suma de US$145.884.191,11 por este concepto. Por lo anterior, Ecopetrol realizó pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente con Offshore Exploration and Production LLC –OEP-, correspondientes al 50% de participación de Offshore International Group Inc. –OIG-por un valor de US$641.974.615,11
El 19 de enero de 2021, Ecopetrol informó a través de un Comunicado de Prensa que, mediante la suscripción del contrato de compra venta de acciones, entre Ecopetrol y KNOC actuando como vendedores y Z Mining Investments LLC., una de las compañías filiales de DeJong Capital LLC., en su calidad de comprador, se perfeccionó la enajenación de la totalidad de la participación de ECP y KNOC en el capital de la sociedad Offshore International Group Inc. -OIG-, en la cual Ecopetrol tenía una participación equivalente al 50% del capital social.
En el comunicado referido, Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría General de la República, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso.
Luego de terminada esta Indagación, la Contraloría ha decidido abrir un proceso de Responsabilidad Fiscal, para que los directivos de la Estatal Petrolera den cuenta por sus acciones o decisiones en este proceso.
Resultado de la indagación preliminar
La Indagación Preliminar resalta como una empresa por la que Ecopetrol había pagado más de U$640 millones para adquirirla, ahora es vendida por menos del 5% de lo que pagó al momento de la compra.
Al ser requerida, Ecopetrol le informó a la Contraloría que las partes del Contrato de Compraventa de Acciones acordaron un valor total de transacción compuesto por los siguientes Ítems:
a) Un pago de Precio de Compra inicial al cierre de la transacción de US$ 2 Millones
b) Un ajuste del precio de compra inicial de hasta US$3 Millones
c) Pagos sujetos a la materialización de eventos de hasta US$170 Millones
d) Y pagos asociados al crédito de accionistas con Savia de US$56.5 Millones
Es decir, en el mejor de los casos se podría llegar a US$231,5 millones de los cuales US$115,75 millones le corresponderían a Ecopetrol, con el agravante que de los US$231,5 millones, US$170 estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”, entre ellos un proceso contra la SUNAT (la administración de tributos del gobierno peruano) por 153 millones de dólares.
Lo realmente recibido entonces, como elemento cierto sería el 50% de lo correspondiente a los ítems a, b y d, es decir US$30,75 millones (menos del 5% de lo pagado para adquirirla).
A partir de esta notable diferencia, la Indagación Preliminar ahondó en todo el proceso previo a la compra de la compañía, su adquisición y posterior administración, llegando a varias conclusiones entre las cuales se destacan las siguientes:
• • En el proceso de debida diligencia, varias firmas asesoras externas advirtieron de los riesgos geológicos (por la limitada y deficiente información con que se disponía), legales y técnicos de la compañía a ser adquirida. Algunos de esos riesgos fueron confirmados en el informe de transición de la compañía, emitido aproximadamente cuatro meses luego de la compra por parte de Ecopetrol y su socio.
• • Se presentaron deficiencias en las acciones orientadas a la mitigación de los riesgos previamente conocidos.
• • A los tres años de haberse adquirido la empresa se habían materializado varios de los riesgos advertidos por los asesores externos lo que llevó a Ecopetrol a comenzar un proceso de venta de dicha empresa en 2011 el cual no fue exitoso. Solo hasta finales de 2020 se pudo materializar la venta de la compañía, cuando todos sus indicadores financieros eran críticos.
• • La empresa no logró la incorporación de reservas, por el contrario, tuvo que desincorporarlas continuamente desde la compra; y tampoco tuvo éxito en las campañas de perforación debido a dificultades tanto técnicas, atribuidas a la complejidad de los yacimientos (tema advertido por los asesores contratados para evaluar estos aspectos), como de entorno que le impidieron lograr su objetivo.
Sin embargo, los temas técnicos eran de amplio conocimiento por parte de Ecopetrol, ya sea en relación con las características de los yacimientos y la mala calidad de la información sísmica o en relación con la indisponibilidad de equipos, herramientas y personal necesario para llevar a cabo la actividad operativa, sin dejar a un lado el mal estado en el que se encontraban los equipos al momento de recibirlos.
. Desde el momento de la comprar hasta la venta de OIG no hubo distribución de dividendos de la compañía, todas las utilidades generadas se reinvertían en la operación; lo cual fue una de las causas que llevo a los socios a vender la empresa, puesto que no recibían utilidades por esta inversión.
• Se evidencia el no seguimiento de la planeación realizada, que no permitió trazar la gestión en la línea de tiempo con la finalidad de alcanzar las metas previstas e identificar y controlar los posibles riesgos que podían presentar limitación en los objetivos del proyecto en el proceso de desarrollo.
Lo anterior no permitió identificar brechas y limitaciones que se empezaron a presentar en la ejecución del proyecto y realizar oportunamente un Plan de Sostenibilidad que cambiará el direccionamiento de las proyecciones realizadas inicialmente en pro de alcanzar los objetivos propuestos.
• Se pudo evidenciar también el bajo nivel de compromiso de los directivos en el seguimiento y control de las metas propuestas, ya que no se tomaron permanentes controles de seguimiento que permitieran realizar evaluación de la gestión y análisis de causas oportunamente, permitiendo así tomar acciones y decisiones con resultados reales.
• Cuando se decide realizar la inversión en Perú en 2008, se presentaron en la Junta Directiva de Ecopetrol las condiciones que eran favorables para la inversión. Dos de ellas eran: la “estabilidad en las reglas de juego” y un “régimen fiscal favorable y entorno político estables resultando en un ambiente óptimo para invertir”. Sin embargo, en la respuesta recibida por la CGR se plantea que para el momento en que se decide hacer la desinversión, el segmento Upstream en Perú era poco atractivo para las actividades de exploración y producción principalmente por los siguientes factores:
El entorno regulatorio y de gestión de permisos podría retrasar el desarrollo de las actividades.
Existe una inestabilidad contractual y jurídica que podría postergar o incluso cancelar los proyectos de inversión.
Oferta limitada de servicios petroleros y recursos logísticos.
Incremento de los riesgos de entorno político, ambientales y de comunidades.
Se evidencian así las contradicciones entre ambos momentos de la historia de la compañía. Si bien algunos de los factores mencionados anteriormente pueden ser dinámicos y pueden atarse al contexto político y/o económico que vive un territorio, las condiciones que en su momento eran planteadas como favorables para invertir en el Perú no coinciden con lo reportado por los asesores externos contratados para realizar la debida diligencia previo a la compra de OIG.
Por lo anterior, la Contraloría ha decidió abrir investigación Fiscal para que las personas que tuvieron que ver con la decisión y administración de este negocio den cuenta por su posible responsabilidad en un proceso que implica un posible daño fiscal por más de US$615 millones (unos $2,4 billones)
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