Una jornada de implementación de política pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) y de la Ley 2046/2020 de Compras Públicas, realizó la Defensoría del Pueblo, por medio de la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, el pasado viernes en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.
La actividad, que se llevó a cabo en la Corporación Universitaria UNISARC, contó con la presencia del Defensor Delegado y de los Defensores Regionales de Caldas, Risaralda y Quindío.
Asistieron más de 50 campesinos y campesinas del Eje Cafetero, quienes tuvieron la oportunidad de entablar un diálogo directo con entidades del orden nacional y territorial. Fue así como se involucró el concurso del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, las Gobernaciones de Quindío, Caldas y Risaralda y las Alcaldías municipales de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal.
Este espacio permitió la participación del campesinado en el seguimiento a la ejecución de políticas de desarrollo rural, en pro de la seguridad alimentaria, el acceso a tierras, la productividad, asociatividad, comercialización y acceso a bienes públicos esenciales.
Las entidades públicas del orden nacional, regional y municipal, se comprometieron ante la Defensoría del Pueblo a seguir avanzando en la formulación y el desarrollo participativo de acciones para el fortalecimiento de las capacidades económicas, sociales y políticas del campesinado en el Eje Cafetero.
Por su parte, la Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras expresó su compromiso para seguir posicionando, en el debate público, la necesidad imperativa de materializar en el territorio, la Ley de Compras Públicas y la política de ACFC, por tratarse de instrumentos orientados a la garantía efectiva de los derechos del campesinado.
