Durante el último año, un total de 215 líderes fueron asesinados.
La Defensoría del Pueblo registró un total de 215 homicidios a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional durante 2022, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016, cuando el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.
“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Entre 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 1.113 líderes sociales. En 2016 fueron asesinados 133, en 2017 la cifra llegó a 126, en 2018 el registro fue de 178, en 2019 fueron 134, para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales.
De los 215 homicidios ocurridos durante el último año, el tipo de liderazgo que más fue afectado fue el de los líderes comunales (63 asesinados), seguros líderes indígenas (47), comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicales (8), activistas en derechos humanos (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas – OSIGD (4), servidores públicos (3), entre otros.
Los departamentos donde más crímenes contra líderes ocurrieron en el 2022 son encabezados por Nariño con 35 casos, Cauca con 26, Antioquia (22), Putumayo (22), Valle del Cauca (12), Bolívar (11), Norte de Santander (9) y Chocó y Tolima con siete casos cada uno. Justamente, coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado.
“Se esperaría que los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales, signifique también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”, concluyó el Defensor del Pueblo.
