Por Juan Antonio Ruíz Romero
Cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia advierte que el senador liberal caldense Mario Alberto Castaño Pérez se acogió a sentencia anticipada, “ante investigación por liderar una estructura criminal”, nos queda la certeza de que la avaricia y la corrupción llevaron a algunos dirigentes políticos a transformarse en delincuentes comunes.
Y es que, con una actitud permisiva o indiferente de muchos ciudadanos, se considera la corrupción como un mal menor y lo diferencian de otros delitos de amplio impacto como el homicidio, las lesiones personales, el atraco a mano armada o el abuso sexual.
Además como se volvió habitual la frase de: “No importa que roben, pero que se vean las obras”, sentimos que ello permite cierto margen de maniobra en la contratación, aunque se sepa que a todas luces es ilegal.
Volviendo a la comunicación de la Corte Suprema, se menciona que el investigado Mario Castaño “en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública”.
Según los cálculos más conservadores y sin mencionar otras gestiones alternas del congresista liberal, como la renovación del contrato de producción del Aguardiente Platino del Chocó con la Licorera de Caldas, el desfalco de Castaño y sus secuaces superaría los 43 mil millones de pesos.
El entramado de corrupción tenía varias aristas.
• Como integrante de la Comisión de Presupuesto del Senado, Castaño tenía relación directa con los ordenadores del gasto en el alto gobierno: ministros, directores de institutos y presidentes de agencias estatales. Los Ministerios de Hacienda y del Deporte; Invías, Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, son algunos de los despachos ante los que gestionó cuantiosas partidas.
• Castaño contaba con fichas políticas en cargos claves en el Congreso, para acercar a contratistas interesados en la ejecución de diferentes proyectos públicos.
• Intermediaba con alcaldes y funcionarios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Tolima y les ofrecía partidas presupuestales para obras viales, de infraestructura o de gestión del riesgo. Como contraprestación, Castaño les decía a quién le otorgaban el contrato y exigía el 10% del mismo para él y su equipo de colaboradores.
De hecho y como resultado de la misma investigación, se encuentra privado de la libertad desde agosto pasado, Pablo César Herrera, gerente de la empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, entidad que suscribió dos contratos interadministrativos con el Departamento de Prosperidad Social por 71 mil millones para construcción de carreteras y adecuación de vías terciarias en Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. Herrera, era la cuota personal del senador Mario Castaño en el gabinete del gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo.
Según informa ElQuindiano.com, Proyecta también suscribió el convenio “Vías Verdes, que pretende rescatar las antiguas rutas de ferrocarriles entre Salento, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Risaralda y darles un servicio de ciclorutas, contrato que vale, inicialmente, $41.400 millones de pesos y se firmó con Invías el 12 de noviembre de 2021”.
Al aceptar los cargos que le formuló la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, el dirigente liberal caldense espera sentencia anticipada. Son 19 delitos que van desde concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Luego de conocer el proceso penal y la posible condena de 15 años de cárcel, se concluye que a Castaño ya nadie podrá llamarlo senador y mucho menos honorable.
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