La iniciativa fue liderada por el partido Alianza Verde.
Con el objetivo de fortalecer y brindar garantías a las veedurías ciudadanas del país, el Representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Alejandro García Ríos, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Cuidemos a los que Cuidan”, que busca fortalecer las veedurías, consolidar la gestión de este mecanismo de participación ciudadana y reafirmar su capacidad de control social.
En un país en el que, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el 93% de los casos de corrupción quedan en la impunidad, el papel que desempeñan las veedurías es fundamental para luchar contra la corrupción, promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Su labor contribuye igualmente a fortalecer las instituciones, prevenir el mal manejo de recursos, y garantizar un gobierno más justo y responsable que atienda las necesidades de los colombianos.
Por esta razón, es crucial que este mecanismo de participación ciudadana, y quienes lo conforman, cuenten con las condiciones necesarias para implementar su labor.
De esta manera, este proyecto busca resolver algunas problemáticas presentes en la reglamentación establecida para el funcionamiento de las veedurías, entre las que se encuentran:
1. El poco compromiso institucional por parte de entidades estatales en el acompañamiento a estos grupos ciudadanos y atención a las denuncias presentadas por los mismos.
2. El desconocimiento social frente a la existencia de este mecanismo de vigilancia y, por ende, la baja participación de la ciudadanía en movimientos de vigilancia y control social a los recursos públicos (sólo 4 de cada 10 personas conoce en qué consiste dicha figura).
3. La baja formación técnica y falta de conocimiento para establecer veedurías frente a temas específicos.
4. La falta de mecanismos propios de seguimiento y denuncia, ya que los instrumentos de control de las veedurías son los mismos con los que cuenta cualquier ciudadano no organizado. No existen acciones especiales que puedan ejercer las veedurías en pro de lograr sus objetivos, a pesar de estar prestando su tiempo de manera voluntaria al seguimiento y control de la ejecución de los recursos públicos.
5. Los pocos recursos con los que cuentan son ordinarios y muchas veces los veedores deben poner de su propio dinero para ejercer su función.
6. El riesgo latente al que se exponen quienes deciden denunciar irregularidades y la ausencia de mecanismos de protección, lo que convierte a los veedores en blancos fáciles de amenazas, intimidaciones y persecución.
7. La falta de normas especiales sobre veedurías con enfoque diferencial.
Por esta razón, esta iniciativa propone que se fortalezca la normativa que actualmente rige el funcionamiento de este mecanismo de participación ciudadana y se asegure que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la Nación y las demás instituciones que componen la red institucional de apoyo a las veedurías les brinden acompañamiento constante y juicioso, además de asistirlas en los procesos de vigilancia y control.
También busca, entre otras medidas, que quienes conforman las veedurías obtengan descuentos para acceder a educación superior que les permita enriquecer sus conocimientos específicos, que se otorgue financiación estatal y particular para el adecuado funcionamiento de estos grupos ciudadanos, reducir a cinco días -como plazo máximo- los tiempos de respuesta por parte de las instituciones a las peticiones y solicitudes que, en ejercicio del derecho de petición, presenten las veedurías y garantizar medidas de protección para los veedores víctimas de amenazas y hostigamientos.
Teniendo en cuenta que los mecanismos de participación ciudadana constituyen un derecho fundamental, este proyecto será tramitado como Ley Estatutaria, es decir, tendrá que pasar por cuatro debates para convertirse en ley (dos en Cámara de Representantes y dos en Senado) de aquí al 20 de junio de 2024 y deberá contar con mayorías absolutas en cada uno de ellos.
Vale la pena resaltar que este proyecto de ley fue socializado y fortalecido con Katherine Hernández, profesora doctorada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Andrés Hernández y Diana Romero Manchola de Transparencia por Colombia, María Teresa Muñoz del Movimiento Ciudadano Anticorrupción del Foro Nacional y Andrés Lozano Reyes del Foro Suroccidente.
Esta iniciativa, autoría de Alejandro García Ríos, cuenta con la participación de 10 partidos políticos y con la coautoría de Congresistas como Cathy Juvinao, Humberto de la Calle, Juan Carlos Losada, Ariel Ávila, JP Hernández, Andrés Calle, Germán Alcides Blanco, Duvalier Sánchez, Juan Sebastián Gómez, Carolina Arbelaéz, Juan Carlos Wills, Marelen Castillo, Jorge E Tamayo, Piedad Correal, Hernando González, Heráclito Landinez y Luis Alberto Albán.
