Dentro de las recomendaciones de la Misión de la UE, está la de “consolidar la legislación electoral en un número limitado de leyes, idealmente en un Código Electoral.
. Según el informe final sobre las elecciones del 2022 en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil desempeño un papel destacado en la organización de las elecciones a la Presidencia de la República. “La Registraduría demostró un alto nivel de profesionalidad y organizó con éxito unas elecciones transparentes”.
. El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, anunció la ampliación del número de mesas y puestos de votación para las próximas elecciones regionales 2023.
En un informe de 96 páginas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entregó 24 recomendaciones con el fin de seguir mejorando el desarrollo de las elecciones en Colombia, dentro de las que se destaca la adecuación de la legislación electoral con el trámite del nuevo Código Electoral en el Congreso de la República.
Para el jefe de esta misión, Javi López, “son necesarias las reformas que pueden ser, constitucionales o legales. En el caso del Código Electoral se puede actualizar y hacer las modificaciones que se necesiten para hacer de las elecciones regionales un proceso más cómodo, tanto para las instituciones políticas del país como para los diferentes actores”, dijo.
Además, López recordó que el Código Electoral aprobado en el Congreso de la República en el 2020, recogía las recomendaciones hechas para mejorar los procesos electorales. “La Registraduría Nacional del Estado Civil pudo poner en práctica algunas de estas recomendaciones que no requerían una reforma legal”, señala el informe.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también recomendó implementar en un nuevo Código Electoral el acceso de las mujeres a posiciones de poder, la ampliación del horario de votación y “la introducción de tarjetones separados para las diferentes circunscripciones (especiales u ordinarias), con el fin de reducir la tasa históricamente alta de votos nulos”, la compra del software de escrutinio, al igual que los esfuerzos por inscribir a ciudadanos de zonas remotas que aún no disponían de cédula de identidad”.