Por Lina María Arango
A propósito de la visita a Pereira del Ministro de Educación Alejandro Gaviria el pasado viernes 14 de octubre, recordé una columna que escribí durante la campaña presidencial. En ese momento se hablaba mucho sobre aumentar el presupuesto y realizar reformas al sistema educativo, pero no se mencionaba la necesidad de administrar bien los recursos y abordar los riesgos de corrupción que se presentan en el sector.
Es muy positivo que el Ministro Gaviria priorice a Risaralda con proyectos de primera infancia, educación rural e infraestructura. Sin duda son iniciativas importantes para el desarrollo de la región. Sin embargo, la transparencia e integridad en el uso de los recursos sigue siendo un tema ausente en el discurso del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con estudios realizados por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado, el sector de educación es uno de los más apetecidos por los carteles políticos de corrupción. Este delito no sólo incide de manera negativa en la calidad y cobertura, sino también en la calidad de vida de una sociedad.
Las prácticas corruptas en el sistema educativo pueden adquirir muchas formas en cada una de las áreas de gestión y planificación del sistema. Los escándalos de corrupción más mediáticos han estado relacionados con la infraestructura educativa y el Plan de Alimentación Escolar. Sin embargo, el sector también presenta riesgos en el manejo de la nómina y planta docente, en el manejo de los fondos de servicios educativos -FSE-, en la contratación de servicios y material pedagógicos, en el proceso para aumentar en el escalafón docente, en la administración de la seguridad social de los docentes y en la cooptación de servicios administrativos como lo son la vigilancia, aseo y cafetería de la Instituciones Educativas.
¿Cuáles son esos hechos que permiten un sistema educativo vulnerable a la corrupción? Identificarlos es un primer paso para definir como blindar el proceso de malos manejos. Menciono algunos: El uso de información privilegiada y politizada para adjudicación de contratos de infraestructura, PAE etc, , influencia indebida de políticos locales, regionales y nacionales en el nombramiento de docentes, debilidad en los sistemas de información, sobrecostos de bienes y servicios educativos.
Si bien la mayoría de los hechos mencionados están en el ámbito del nivel territorial, no será en este nivel local donde se avance en blindar un sector tan vulnerable a la corrupción y tan importante para la prosperidad de un país. La influencia de los políticos que han coptado el sector no lo permite. El nivel nacional debe abordar el tema con voluntad real.
La educación es el principal vehículo para la transformación social y resulta indispensable planear y poner en marcha estrategias y programas que permitan la eliminación de los riesgos de corrupción en la gestión educativa. No se trata sólo de prometer proyectos para el sector sino de administrarlos adecuadamente, exigir a los mandatarios locales y congresistas mayor compromiso en el manejo íntegro de los recursos y mayor transparencia en la información que permita fortalecer las veedurías en el sector.
Lina María Arango D
Asesora en gobernanza, transparencia y construcción de paz
Twitter linamariaarango
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