La Cámara Regional de la Construcción, Camacol Risaralda, como gremio edificador en el departamento se encuentra preocupado con la situación que están afrontando las oficinas de Instrumentos Públicos por la falta de compromiso, inversión, contratación y dotación de su mayor jerárquico la Superintendencia de Notariado y Registro; generando retrasos en los trámites y servicios que estas prestan sobre bienes públicos y privados.
“Desde el sector constructor hemos evidenciado que la tramitología y sobre todo lo que ocurre en el nivel central en la Superintendencia de Notariado y Registro dilatan los procesos de contratación de las personas que deben estar en las oficinas de Registro como por ejemplo en Pereira y Dosquebradas; personas encargadas de digitalizar, de calificar y, lógicamente, estos procesos de contratación en Bogotá se demoran y nos hacen ‘trancón’ acá, represando una cantidad de trámites y los procesos de contratación demoran tres y seis meses”, aseguró el gerente de Camacol Risaralda, Victor Baza Tafur.
En Pereira y Dosquebradas, los Registradores para poder solucionar problemas, por ejemplo con una impresora o un escáner, tienen que escalarlo al nivel central y eso procesos pone en dificultades la prestación oportuna del servicio.
“Esto está poniendo en aprietos no solo el registro de las viviendas nuevas, además del trámite incluso de la constitución de pólizas que son el encargo fiduciario de los nuevos proyectos de edificación, sino también en la aplicación de los créditos donde se presenta el subsidio a la tasa de interés, este trámite de registro está impidiendo que las personas puedan obtener oportunamente su crédito. Por donde se mire no solo afecta al sector constructor, también lo es en materia de sucesiones, diligencias de embargo, entre otros”, agregó el gerente del Gremio en Risaralda.
La deceleración y demora en los trámites, que se está evidenciando en el país, influye directamente en la reactivación económica que se busca en tiempo de pandemia de múltiples sectores económicos, como lo es el constructivo.
“No podemos seguir esperando a que resuelvan en Bogotá lo que se debe resolver aquí en el territorio o denle facultades a los Registradores para que ellos puedan solventar las crisis que se presentan con respecto a los trámites de Registro”, manifestó Victor Baza Tafur.
Comunicado de los Registradores
Camacol Risaralda comparte la respuesta a la opinión pública que entregaron los funcionarios territoriales de Instrumentos Públicos a través de un Comunicado de Prensa:
-Los Registradores de Instrumentos Públicos del país, informamos a la comunidad en general, a las constructoras, a las instituciones financieras, a los notarios, y al Congreso de la República, al Gobierno nacional, al Archivo General, a las entidades otorgantes de subsidios, a los entes de vigilancia y control, y demás interesados que:
• Desde hace varios años el servicio público registral ha venido deteriorándose en gran medida.
• Servicio que actualmente se encuentra adportas de una grave crisis.
• Esta situación viene siendo generada por la falta de recursos humanos (oficinas sin personal suficiente e idóneo), por la falta de infraestructura adecuada (oficinas deterioradas, sin mantenimiento, sin dotación de muebles, sin administración de archivos, sin insumos suficientes, etc.), por la falta de un componente operativo y tecnológico en harware, software y de conectividad, suficiente, seguro y de punta), por la falta de recursos financieros (presupuestos anuales insuficientes, partidas deficitarias y pobre ejecución), entre muchos otros.
• Por mandato legal, a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP les corresponde la prestación del servicio público registral, pero su administración compete a la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, no a los Registradores de Instrumentos Públicos, en quienes sólo recae su coordinación y la garantía de la legalidad en el registro.
• Sin embargo, en los últimos años la SNR no viene cumpliendo con su cometido; el mismo se le ha salido de las manos. De manera trasparente la entidad debiera informar a sus funcionarios y a la comunidad en general, cuáles son las verdaderas pretensiones administrativas y políticas para el destino de estas dependencias.
• Tan grave situación viene generando atraso en la gestión de las ORIP, ineficiencia en el tráfico inmobiliario, y por ende, afectación a la economía nacional.
• Pero tal vez lo más importante, es que tan delicada situación, inevitablemente está afectando la salud física, mental y el bienestar de los funcionarios de las ORIP, que vale la pena mencionar, se agrava por la apertura de procesos disciplinarios sin justificación jurídica, pues es imposible atender en tiempo la gran demanda de servicios, así como cumplir con las demás tareas administrativas exigidas por el nivel central de la entidad, que en gran medida se tornan estériles, como aquí se lo ha denunciado.
Foto: Victor Bazar Tafur, gerente Camacol
