Se trata de los proyectos de construcción del Palacio de Justicia de Medellín, la construcción, adecuación y dotación física para el sistema oral y la compra de lotes para las sedes propias de la rama judicial, que con corte al presente mes de agosto aún no tienen ejecución.
“Son recursos que deben ejecutarse, por el bien de la rama y del servicio de administración de justicia”, dice el Vicecontralor, Julián Mauricio Ruiz.
Durante el primer semestre de 2021, la Contraloría auditó cerca de $11 billones en el sector justicia, determinando 253 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tiene presunto alcance fiscal por valor de $213.174 millones y 75 posible incidencia disciplinaria, logrando beneficios de auditoría por cerca de $13 mil millones.
En la auditoría financiera realizada al Consejo Superior de la Judicatura en 2021, se determinaron 96 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.520 millones y 20 posible connotación disciplinaria.
