La Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal contra Electricaribe y la revisoría fiscal, por indebida aplicación de recursos del FOES destinados a población más pobre de la Región Caribe
La Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social –FOES- que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo.
Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe.
Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.
Se constató una omisión en la correcta aplicación de la norma establecida para el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social -FOES, que contribuyó a la materialización del daño al patrimonio público, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
Fue así como Electricaribe pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores varios fondos de apoyo financiero, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales.
En forma solidaria con Electricaribe, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PriceWaterHouseCoopers y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, que avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador de los mismos.
El proceso fiscal se originó en una auditoría de 2017, y otras posteriores, donde se encontró que los recursos estatales que debían subsidiar a usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe fueron utilizados por Electricaribe para reducir sus pérdidas.
La Empresa de Energía Eléctrica del Caribe – ELECTRICARIBE S.A en liquidación, constituyó Garantía Bancaria con la entidad Bancaria BBVA a favor de la Contraloría General de la Republica dentro de este Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, en salvaguarda del interés público en cuantía de $187.227 millones.
