Se imputó culpa grave a dos gerentes generales y a 5 miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy Zona Franca S.A.S.
De acuerdo a la imputación, no tenía sentido haber dado continuidad al proyecto, destinando los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S. para terminar la construcción de la planta “El Alcaraván” cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con Isolux era tan solo del 2,44%.
No se debió haber dado continuidad a un proyecto que mostraba los indicadores financieros con tendencia a la baja y que finalmente, a febrero de 2017, tenía un CAPEX de USD$778 MM, con una TIR de -1.2% EA.
La TIR de los accionistas se situó entonces en -3.3% EA; y el VPN del proyecto pasó de -401 a -609.
La pérdida de la inversión se materializó al momento en que BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., en enero de 2020, radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones, y cuando en junio del mismo año solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación.
Igualmente se demostró que la planta “El Alcaraván” fue proyectada con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día, pero entre el año 2017 al 2019 se produjeron 131.209.887 litros, lo que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que prueba que las decisiones, adoptadas para dar continuidad al proyecto, fueron desacertadas.
